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La Agencia Tributaria reforzará a partir del 1 de enero el control sobre los pagos electrónicos realizados por autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) a través de plataformas como Bizum. La medida forma parte de una actualización de los sistemas de supervisión fiscal para adaptarse al avance de la digitalización y combatir el fraude tributario.
Según ha confirmado el Ministerio de Hacienda, esta nueva obligación no afectará a los pagos entre particulares, sino exclusivamente a los cobros recibidos por empresarios y profesionales establecidos en España.
La Agencia Tributaria ha aclarado que deberán declararse todos los cobros electrónicos recibidos por autónomos y empresas, independientemente de su importe. Esto incluye:
- Pagos con tarjeta
- Pagos asociados a un número de teléfono móvil, como Bizum
Quedan excluidas las operaciones entre particulares (C2C), como las realizadas en plataformas de compraventa de segunda mano tipo Wallapop.
Hasta ahora, las entidades financieras solo estaban obligadas a informar a Hacienda sobre operaciones superiores a 3.000 euros, pero este umbral desaparece para los cobros profesionales realizados por medios electrónicos.
La nueva normativa amplía la obligación de suministro de información no solo a los bancos tradicionales, sino también a:
- Entidades de pago
- Entidades de dinero electrónico
Además, cambia la periodicidad de la comunicación, que pasa de ser anual a mensual, permitiendo a Hacienda un seguimiento mucho más detallado y continuo de las operaciones.
El Real Decreto 253/2025, de 1 de abril, que entra en vigor el 1 de enero, introduce otra novedad relevante. En este caso, sí puede afectar a los particulares: se establece la obligación de informar a Hacienda, con carácter anual, de los movimientos realizados con tarjeta cuando el total de cargos y abonos supere los 25.000 euros al año.
Esta medida busca aumentar la transparencia de las operaciones financieras sin criminalizar el uso cotidiano de medios de pago digitales.
Desde Hacienda explican que el objetivo es adaptar la normativa tributaria a “un ecosistema financiero en rápida evolución”, dotando al fisco de información más precisa y periódica para hacer frente a los nuevos desafíos en materia de fraude fiscal.
El crecimiento de plataformas como Bizum respalda esta decisión. Según la propia compañía, el servicio ha superado los 30 millones de usuarios en España y Andorra, con una penetración del 95% entre los menores de 35 años, consolidándose como uno de los medios de pago más utilizados del país.
Con este nuevo marco, los autónomos y pequeñas empresas deberán extremar el control de sus cobros electrónicos y asegurarse de que todos los ingresos recibidos por Bizum u otros medios digitales estén correctamente registrados y declarados.
La digitalización avanza, y con ella, también lo hace el control fiscal.