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En el Reino Unido, las empresas están sujetas al impuesto de sociedades en función de sus periodos contables fiscales, que suelen coincidir con el periodo cubierto por sus cuentas estatutarias. No obstante, un periodo contable fiscal no puede exceder de 12 meses, por lo que si las cuentas se elaboran por un periodo superior (hasta un máximo legal de 18 meses), será necesario presentar más de una declaración fiscal correspondiente a ese ejercicio.
En el caso de empresas no residentes sujetas al impuesto de sociedades por ganancias de capital derivadas de enajenaciones de bienes inmuebles situados en el Reino Unido, se pueden aplicar normas específicas. En particular, si la empresa no está sujeta al impuesto británico en relación con otras actividades, podría establecerse un periodo contable fiscal de un solo día, y aplicarse reglas especiales, incluidas disposiciones específicas sobre la fecha de liquidación del impuesto.
En el Reino Unido, las empresas están obligadas a presentar su declaración del impuesto de sociedades en un plazo de 12 meses desde el final de su ejercicio fiscal. Esta declaración incluye una autoliquidación del impuesto correspondiente, lo que implica que es la propia empresa quien calcula y declara el importe a pagar, eliminando así la necesidad de que HMRC (la Agencia Tributaria y de Aduanas) emita una evaluación inicial. No obstante, HMRC mantiene la facultad de revisar o corregir la declaración si detecta inconsistencias, si no está conforme con la información proporcionada o si la empresa no presenta la declaración en el plazo establecido.
Presentación electrónica obligatoria
Todas las declaraciones deben presentarse en línea, utilizando el formato digital requerido por HMRC. Además, las cuentas que se adjuntan a la declaración deben estar preparadas en formato iXBRL (Inline eXtensible Business Reporting Language), un estándar que permite que la información financiera sea legible tanto para personas como para sistemas automatizados de revisión fiscal.
En el Reino Unido, el momento del pago del impuesto de sociedades varía según el tamaño de la empresa.
Para las empresas de menor tamaño, el impuesto debe abonarse nueve meses y un día después del final del ejercicio fiscal correspondiente. Es decir, el pago se realiza antes de presentar la declaración formal de impuestos.
En cambio, las empresas o grupos de mayor tamaño están sujetas a un sistema de pagos trimestrales a cuenta, basados en los beneficios estimados del ejercicio. En estos casos, el primer pago vence durante el séptimo mes del periodo fiscal. En general, se considera que una empresa es de gran tamaño si sus beneficios imponibles superan los 1,5 millones de libras esterlinas, aunque este umbral se ajusta si hay otras empresas bajo control común.
Desde el 1 de abril de 2019, las empresas con beneficios superiores a 20 millones de libras (también ajustados en función del número de empresas vinculadas) deben cumplir con fechas de pago aún más anticipadas, debiendo abonar el impuesto en cuatro plazos: en el tercer, sexto, noveno y duodécimo mes del ejercicio fiscal.
El régimen fiscal británico contempla diversas sanciones cuando las empresas no cumplen con sus obligaciones tributarias. Estas sanciones pueden aplicarse por:
Adicionalmente, la Ley de Finanzas de 2022 introdujo nuevas medidas frente a la supresión electrónica de ventas, un mecanismo mediante el cual algunas empresas manipulan registros digitales de ventas antes o después de producirse la transacción para ocultar ingresos y reducir artificialmente sus obligaciones fiscales. Se han establecido sanciones específicas por la posesión, desarrollo o promoción de herramientas que faciliten este tipo de fraude, así como nuevas facultades de inspección para HMRC en este ámbito.
Las empresas que estén sujetas al Impuesto Mínimo Global o al Impuesto de Reasignación de Beneficios tienen obligaciones específicas ante las autoridades fiscales del Reino Unido. En primer lugar, el miembro del grupo designado como declarante debe registrarse ante HMRC dentro de los seis meses posteriores al cierre del primer ejercicio contable en el que resulte aplicable el Impuesto Mínimo Global o el Impuesto de Reasignación de Beneficios. Posteriormente, deberá presentar anualmente una declaración de autoevaluación y una Declaración Informativa GloBE (GIR), siempre que el grupo esté dentro del ámbito de aplicación de estas normas. En los casos en los que ya se haya presentado una declaración informativa ante otra administración tributaria extranjera, puede sustituirse la GIR por una notificación de declaración extranjera.
El plazo general para la presentación de estas declaraciones es de 15 meses a partir del cierre del ejercicio fiscal correspondiente, aunque se amplía a 18 meses cuando se trata del primer ejercicio sujeto a estas disposiciones. Del mismo modo, el pago del impuesto adeudado debe realizarse dentro de esos mismos plazos, y se devengarán intereses si el pago se efectúa fuera de término. Es importante señalar que la obligación de declarar se mantiene incluso en los casos en que no exista una cantidad a pagar.
Por su parte, las grandes empresas o grupos entendiendo como tales aquellas entidades con una facturación anual superior a 200 millones de libras esterlinas en el Reino Unido o con activos contables superiores a los 2.000 millones de libras están sujetas a una serie de requisitos adicionales. Entre ellos, deben designar ante HMRC a un Senior Accounting Officer, quien deberá certificar anualmente que los sistemas de contabilidad de la empresa son adecuados para asegurar una correcta gestión tributaria. La falta de notificación del Senior Accounting Officer, así como un incumplimiento negligente o deliberado de sus obligaciones, puede dar lugar a sanciones tanto para la empresa como para la persona designada.
Asimismo, estas entidades deben hacer pública, con carácter anual, una estrategia fiscal aplicable en el Reino Unido. El incumplimiento de esta obligación también conlleva posibles sanciones económicas.
En materia de planificación fiscal, determinados esquemas y operaciones deben ser comunicados a HMRC en virtud de distintos regímenes de divulgación. Entre ellos se encuentran el régimen DOTAS (Divulgación de Esquemas de Elusión Fiscal) y el DASVOIT (Divulgación de Esquemas de Elusión del IVA y Otros Impuestos Indirectos), los cuales cubren la mayoría de los tributos y están concebidos como mecanismos de notificación, no de autorización. Es decir, la mera declaración de una operación no implica en modo alguno su validación por parte de HMRC, y, de hecho, en ocasiones se ha introducido nueva legislación para contrarrestar ciertos tipos de esquemas ya divulgados.
También es aplicable el Régimen de Divulgación Obligatoria de la UE (RDI UE), que impone la obligación de informar sobre determinados mecanismos transfronterizos. Tras el Brexit, el Reino Unido limitó esta obligación únicamente a los mecanismos que encajan dentro de la categoría D, es decir, aquellos que puedan socavar las normas internacionales de intercambio de información, como el Estándar Común de Información (CRS), o que impliquen estructuras opacas en las que no se identifiquen claramente los beneficiarios reales. El incumplimiento de estas obligaciones de información puede dar lugar a sanciones que van desde 5.000 hasta 1 millón de libras esterlinas, o incluso más en determinados casos.
A raíz de una consulta iniciada en noviembre de 2021, el Reino Unido ha decidido sustituir el régimen de divulgación de la UE por un nuevo marco basado en las normas del MDR (Mandatory Disclosure Rules) de la OCDE. Según el anuncio de HMRC, este nuevo régimen se aplicará a los acuerdos transfronterizos celebrados a partir del 25 de junio de 2018, y aquellos ya informados bajo el anterior sistema no deberán ser reportados nuevamente. Todos los informes deben realizarse en línea, sin posibilidad de presentación manual.
Por último, desde abril de 2022, las grandes empresas (ya sean sociedades o corporaciones) están obligadas a informar a HMRC sobre cualquier tratamiento fiscal incierto que se haya aplicado en sus declaraciones de impuestos, incluyendo el impuesto sobre sociedades, IVA y el sistema de retenciones PAYE. Estas reglas buscan reducir la brecha entre los impuestos que el Estado considera adeudados y los efectivamente recaudados, especialmente en relación con interpretaciones legales controvertidas. Un tratamiento fiscal se considera incierto cuando la empresa ha reconocido una provisión contable relacionada o cuando el tratamiento aplicado no se ajusta a la interpretación conocida de HMRC. Esta obligación se activa únicamente si el importe del impuesto potencialmente afectado supera los cinco millones de libras esterlinas, aunque existen algunas excepciones.
En el Reino Unido, el impuesto sobre sociedades se basa en un sistema de autoevaluación. Una vez presentada la declaración, HMRC dispone de 12 meses para abrir una investigación formal. Estas pueden ir desde simples solicitudes de información hasta revisiones técnicas complejas. En la mayoría de los casos, se resuelven mediante correspondencia, aunque si no se alcanza un acuerdo, el asunto puede escalarse a arbitraje o litigio.
HMRC cuenta con facultades legales para requerir información o inspeccionar instalaciones, aunque estas medidas son poco habituales. A diferencia de otras jurisdicciones, no hay visitas de inspección rutinarias.
Desde 2017, las empresas pueden ser responsables penalmente si no evitan que sus empleados o asociados faciliten la evasión fiscal. Esta responsabilidad recae exclusivamente en personas jurídicas (sociedades o sociedades de personas), y puede conllevar sanciones económicas sin límite, confiscación de activos y daños reputacionales. La norma se aplica a entidades del Reino Unido y también a extranjeras con presencia en el país.
Las grandes empresas (más de 200 millones de GBP en ingresos o 2.000 millones en activos) deben designar a un Oficial Superior de Contabilidad (SAO), quien debe certificar anualmente ante HMRC que los sistemas contables son adecuados para cumplir con las obligaciones fiscales. El incumplimiento puede conllevar sanciones de 5.000 GBP tanto para el directivo como para la empresa.
Estas empresas también deben publicar anualmente su estrategia fiscal en el Reino Unido. Esta obligación se extiende a los grupos multinacionales con ingresos globales superiores a 750 millones de euros, de acuerdo con las normas OCDE sobre información país por país.
Desde abril de 2022, las grandes empresas deben notificar a HMRC los tratamientos fiscales que puedan ser interpretados como inciertos, siempre que el importe en disputa supere los 5 millones de GBP. Las sanciones por incumplimiento varían según la reincidencia: de 5.000 a 50.000 GBP. Esta medida busca reducir la brecha fiscal generada por interpretaciones legales dudosas, especialmente en el entorno de las grandes corporaciones.
La Ley de Finanzas de 2022 reforzó las herramientas de HMRC contra la promoción de esquemas de elusión fiscal. Entre otras medidas, se permite congelar activos de promotores, imponer sanciones a entidades del Reino Unido que colaboren con promotores offshore, cerrar empresas implicadas y divulgar información para alertar a los contribuyentes. El objetivo es reducir el uso de estructuras artificiales para minimizar la carga fiscal y proteger la base impositiva nacional.
La Norma general contra los abusos fiscales es una norma que busca frenar la planificación fiscal abusiva. Se aplica a una amplia gama de impuestos, incluyendo el impuesto sobre sociedades, el IRPF, ganancias de capital, el impuesto sobre herencias… Sin embargo, no se aplica al IVA.
Su propósito principal es modificar el comportamiento de los contribuyentes que se involucren en estructuras artificiales o estrategias fiscales consideradas abusivas. Para ello, se establece un proceso de revisión cuasi judicial de los esquemas utilizados, cuyo resultado sirve como prueba en posibles litigios.
El gobierno británico ha subrayado que esta norma solo debe aplicarse en casos claros de abuso fiscal, evaluados según una serie de criterios que, en parte, son subjetivos.
En el Reino Unido, HMRC dispone de un plazo determinado para iniciar una investigación sobre una declaración del impuesto de sociedades. Para empresas que forman parte de grupos medianos o grandes, ese plazo es, por lo general, de un año desde la fecha límite legal de presentación. En el caso de otras empresas, el plazo es de 12 meses a partir de la fecha en que se presentó efectivamente la declaración.
Este plazo puede extenderse si la declaración se presenta fuera de plazo, se modifica posteriormente, o si HMRC detecta un asunto que no fue debidamente revelado en el periodo inicial. Además, cuando se trata de ocultación inadecuada o fraude deliberado, se aplican plazos mucho más amplios, permitiendo a HMRC investigar durante un período significativamente mayor.
El 30 de noviembre de 2021, el gobierno del Reino Unido publicó su respuesta a una revisión sobre cómo las grandes empresas experimentan la administración tributaria en el país. El objetivo era evaluar si el sistema ofrece certidumbre temprana cuando es apropiado, resuelve disputas de forma eficiente conforme a la ley, y fomenta un enfoque colaborativo en el cumplimiento fiscal.
La revisión se centró en los desafíos actuales relacionados con el riesgo fiscal, la certidumbre, el cumplimiento, las investigaciones, los litigios y el modelo de compliance cooperativo, en especial el papel del gestor de cumplimiento del cliente.
Como resultado, el gobierno identificó tres áreas clave para mejorar el entorno fiscal para las grandes empresas:
Durante 2022, HMRC puso en marcha líneas de trabajo específicas para avanzar en estas áreas.
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