Durante el último año, el Reino Unido ha introducido una serie de reformas fiscales relevantes a través de distintas leyes financieras, con el objetivo de alinearse con estándares internacionales, fomentar la inversión y adaptarse al nuevo entorno post-Brexit.

Una de las principales novedades es la implementación de la norma sobre beneficios no gravados (UTPR), que forma parte del marco del Segundo Pilar de la OCDE. Esta medida complementa otras reglas ya existentes, como el impuesto complementario multinacional (MTT) y el impuesto mínimo nacional (DMTT), aplicables desde finales de 2023. Además, se derogaron las normas sobre ingresos extraterritoriales por bienes inmateriales (ORIP), consideradas ahora menos efectivas frente a la planificación fiscal multinacional.

En el ámbito energético, se introdujo el nuevo Mecanismo de Inversión en Seguridad Energética (ESIM), que afecta directamente al gravamen sobre los beneficios de petróleo y gas. Por su parte, el impuesto sobre el tonelaje se amplió para incluir nuevas empresas del sector marítimo, junto con un aumento en los límites de desgravación fiscal aplicables a este régimen.

En materia de innovación, se lanzó un régimen mejorado de apoyo a la I+D para empresas con pérdidas (ERIS), que exige que al menos el 30% del gasto total del grupo se destine a actividades de investigación y desarrollo. A su vez, se estableció un régimen fusionado de I+D con nuevas reglas sobre subcontratación y costes en el extranjero, en vigor desde abril de 2024.

También se hizo permanente la desgravación total del 100% en el primer año para gastos de capital en instalaciones y maquinaria, mientras que las inversiones en vehículos eléctricos y puntos de recarga seguirán beneficiándose de incentivos fiscales hasta 2026.

Respecto a precios de transferencia, las entidades británicas que formen parte de grupos multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros deberán mantener documentación detallada conforme a las directrices de la OCDE, incluyendo un Archivo Maestro y un Archivo Local. Paralelamente, se simplificaron las obligaciones de notificación país por país (CbC) para muchos grupos, reduciendo la carga administrativa, aunque ciertas situaciones aún requieren informes específicos.

Finalmente, A partir del 1 de abril de 2024, el umbral de registro obligatorio para el IVA en el Reino Unido aumentó de 85.000 a 90.000 libras, lo que reduce la carga administrativa para muchos pequeños negocios. Y como parte del proceso de desvinculación normativa tras el Brexit, se promulgó la Ley de Reforma de la Legislación de la UE, que garantiza la continuidad del marco legal en materia de IVA, impuestos especiales y aduanas, conservando principios clave del derecho comunitario previo a 2021.

Consultas y propuestas - en curso

Entre las propuestas más relevantes se encuentran tanto medidas ya anunciadas o incluidas en proyectos legislativos, como otras que aún están en fase de consulta pública.

Medidas centradas en asuntos internos

En los últimos años, el Reino Unido ha introducido una serie de reformas fiscales dirigidas a modernizar su sistema tributario, combatir la evasión fiscal y adaptarse a los nuevos desafíos económicos. Algunas de estas medidas se centran en reforzar las normas antielusión y mejorar los mecanismos de recaudación, sanción y cumplimiento. También se han emprendido revisiones importantes, como la simplificación del impuesto sobre plusvalías, aunque aún no hay decisiones definitivas sobre su implementación.

En cuanto a la fiscalidad internacional, el Reino Unido ha adoptado el modelo de la OCDE para las normas de divulgación obligatoria, sustituyendo el anterior régimen derivado de la UE. El nuevo marco entró en vigor el 28 de marzo de 2023, estableciendo requisitos más claros y alineados con los estándares internacionales.

El Gobierno también ha avanzado en la creación de un nuevo vehículo de inversión: el Fondo de Inversores Reservados (RIF), pensado para facilitar inversiones especializadas, especialmente en el sector inmobiliario. Aunque el proyecto está en pausa debido a las elecciones de julio de 2024, se espera que continúe bajo el nuevo gobierno.

Entre otras iniciativas, se está trabajando en la modernización del impuesto de timbre sobre acciones, considerado obsoleto, así como en una revisión del régimen fiscal para el sector del petróleo y el gas. En este ámbito, se han propuesto cambios como el aumento del impuesto a los beneficios energéticos (EPL) al 38% a partir de noviembre de 2024 y su extensión hasta 2030.

De cara a la sostenibilidad, el Reino Unido prevé introducir en 2027 un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que aplicará un precio del carbono a ciertos productos industriales importados. El objetivo es evitar la deslocalización de emisiones y reforzar el compromiso del país con la neutralidad climática para 2050.

Por otro lado, se han actualizado las directrices fiscales en torno a las desgravaciones por bienes de capital, especialmente en lo relativo a instalaciones, maquinaria y costes previos al desarrollo de grandes proyectos. Una reciente sentencia judicial ha ampliado la interpretación de los gastos deducibles, aunque se está a la espera de una posible apelación.

En el ámbito del I+D, se ha abierto una consulta para ampliar el uso de autorizaciones previas y facilitar la adaptación al nuevo régimen fusionado. También se ha propuesto un proceso para ofrecer mayor seguridad fiscal anticipada a proyectos de inversión de gran envergadura.

En febrero de 2025, el Gobierno lanzó una consulta sobre la implantación de la facturación electrónica obligatoria, actualmente voluntaria. Esta medida busca modernizar la administración tributaria y mejorar el cumplimiento.

Finalmente, el Gobierno presentó en el Presupuesto de Otoño de 2024 una hoja de ruta para el impuesto de sociedades, en la que se compromete a mantener el tipo principal en el 25% durante toda la legislatura. Además, reitera su apoyo al acuerdo internacional sobre el primer pilar de la OCDE y su intención de eliminar el impuesto británico sobre servicios digitales una vez que dicho acuerdo entre en vigor.

Medidas centradas en asuntos internacionales

Redomiciliación corporativa

Tras una consulta pública, en abril de 2022 el Gobierno del Reino Unido anunció su intención de establecer un régimen de redomiciliación que permita a las empresas constituidas fuera del país trasladar su domicilio al Reino Unido, conservando su personalidad jurídica original. Para ello, se conformó un panel de expertos encargado de evaluar las opciones disponibles y asesorar sobre la mejor forma de implementar este marco normativo.

El panel publicó su informe el 14 de octubre de 2024, el cual analiza el funcionamiento potencial del régimen y respalda firmemente la creación de un sistema bidireccional. Este permitiría tanto la redomiciliación de empresas extranjeras al Reino Unido como la salida de empresas británicas hacia otras jurisdicciones. Aunque el informe incluye propuestas detalladas, se recomienda llevar a cabo nuevas consultas una vez que el Gobierno defina las características clave del régimen. Se prevé que esta consulta se realice en el momento oportuno.

Precios de transferencia y nuevas obligaciones de documentación

Como parte de la implementación de nuevos requisitos de documentación sobre precios de transferencia, HMRC decidió no avanzar, por ahora, con el Registro de Auditoría Sumario (SAT). No obstante, la legislación vigente autoriza su posible introducción en el futuro. Aunque inicialmente se preveía una consulta pública sobre este tema, esta se ha pospuesto debido a otras áreas prioritarias. Más información al respecto puede encontrarse en la sección "Documentación sobre precios de transferencia" dentro de "Impuestos de Grupo".

El 28 de abril de 2025, tras una consulta inicial en el verano de 2023 y una actualización en otoño de 2024, el Gobierno publicó una nueva consulta sobre un proyecto de ley para reformar el marco regulador de los precios de transferencia, el establecimiento permanente y el Impuesto sobre las Ganancias Desviadas. Estos temas se abordan en las secciones "Impuestos de Grupo", "Residencia Corporativa" e "Impuesto sobre las Rentas de Sociedades", respectivamente. Esta iniciativa forma parte de la Hoja de Ruta del Impuesto sobre Sociedades del Gobierno, que tiene como objetivo modernizar y simplificar el sistema tributario conforme a los estándares internacionales y en línea con las opiniones de las partes interesadas. La consulta permanecerá abierta hasta el 7 de julio de 2025, tras lo cual se analizarán las respuestas recibidas con el fin de incorporarlas en la redacción del Proyecto de Ley de Finanzas 2025-26. La entrada en vigor de la normativa se prevé para 2026.

Consultas adicionales sobre precios de transferencia

Se ha iniciado una segunda consulta relativa a dos propuestas adicionales en materia de precios de transferencia, planteadas en la Declaración de Primavera de marzo de 2025:

Revisión de la exención para PYMEs: Se propone modificar la actual exención de las normas de precios de transferencia para incluir a empresas medianas, extendiendo así el ámbito de aplicación de dichas reglas. Este aspecto se aborda en la sección "Precios de transferencia y subcapitalización" dentro de "Impuestos de Grupo”.

Formulario ICTS (Listado de Transacciones Controladas Internacionales): Se plantea un nuevo requisito de cumplimiento tributario para todas las multinacionales sujetas a las normas de precios de transferencia, que obliga a informar a HMRC sobre transacciones transfronterizas entre partes vinculadas, incluso si no presentan informes país por país. Esta medida se analiza tanto en "Precios de transferencia y subcapitalización" como en "Documentación sobre precios de transferencia”.

La consulta estará abierta hasta el 7 de julio de 2025, y las respuestas se utilizarán para evaluar los costos y beneficios potenciales de estas propuestas. De considerarse adecuadas, el Gobierno trabajará en su implementación en una futura legislación fiscal.

Revisión de los Acuerdos de Contribución de Costes (CCA)

HMRC ha finalizado su revisión de los Acuerdos de Contribución de Costes, resultado de la cual ha publicado una nueva Declaración de Prácticas y un modelo de Acuerdo Anticipado de Precios aplicable a ciertos aspectos de los CCA. Asimismo, se ha publicado un documento de preguntas frecuentes para proporcionar mayor claridad.

En particular, se introduce una opción para que las empresas obtengan una validación rápida de su participación en un CCA mediante un APA unilateral, ofreciendo así mayor certeza jurídica. Esta medida no aborda directamente la determinación de los precios de las contribuciones al CCA, aunque los contribuyentes pueden ampliar el APA a través de un acuerdo bilateral para incluir este aspecto.