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Tipo general: 20 %, aplicable a la mayoría de bienes y servicios.
Tipo reducido: 5 %, aplicable a determinados suministros, como el combustible y la electricidad para uso doméstico.
Tipo cero (0 %): Aplicable, entre otros, a alimentos, transporte público, libros y publicaciones impresas y electrónicas, así como a exportaciones y otros bienes y servicios esenciales.
Exenciones: Determinadas categorías, como terrenos, seguros, servicios financieros, educación, servicios culturales y sanitarios, se encuentran exentas de IVA.
Nota: Las operaciones sujetas al tipo cero permiten la recuperación del IVA soportado, a diferencia de las operaciones exentas, que no permiten dicha recuperación.
El umbral general para el registro obligatorio en el régimen de IVA es de 90.000 GBP anuales en ingresos gravables. Las pequeñas empresas con ingresos gravables inferiores a 150.000 GBP pueden optar por un régimen de tipo fijo, con tipos predeterminados según el sector de actividad. Las entidades no establecidas en el Reino Unido están sujetas a un umbral de registro cero, lo que implica la obligación de registrarse desde la primera operación gravada en el país. La obligación de registrarse puede surgir tanto por ventas locales como por la importación o adquisición de bienes y servicios sujetos a IVA.
En el caso de bienes, la operación se considera realizada en el lugar donde se encuentran físicamente en el momento de la entrega.
En el caso de servicios:
Estas normas siguen influenciadas por la legislación de la Unión Europea, especialmente en lo que respecta a la determinación del lugar de la operación.
Las declaraciones de IVA deben presentarse generalmente con una periodicidad trimestral, aunque determinadas empresas pueden estar obligadas a presentar declaraciones mensuales o pueden optar por una declaración anual. Es obligatorio el uso de medios digitales para la presentación de declaraciones y el mantenimiento de registros, a través de un software compatible con la interfaz de programación de aplicaciones de la autoridad tributaria británica (HMRC). Existen regímenes simplificados, como la contabilidad anual o la contabilidad de caja, para empresas con ingresos anuales inferiores a 1.350.000 GBP (sin incluir el IVA).
Tras el Brexit, Irlanda del Norte mantiene el marco normativo de la UE en lo relativo al IVA sobre bienes, conforme al Protocolo de Irlanda del Norte y, desde abril de 2024, al Marco de Windsor. Las operaciones entre Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) e Irlanda del Norte se tratan como importaciones y exportaciones. Se ha introducido un sistema de “Carriles Verdes”, que facilita el movimiento de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte destinadas exclusivamente al mercado norirlandés, reduciendo controles y trámites aduaneros.
El Marco de Windsor también permite aplicar a Irlanda del Norte cambios del Reino Unido en IVA e impuestos especiales e introduce un mecanismo (“Freno Stormont”) para que la Asamblea norirlandesa limite la aplicación de ciertas normas nuevas de la UE.
Ventas a Distancia y Comercio Transfronterizo
A partir del 1 de enero de 2021, se suprimió la desgravación por envíos de bajo valor en el Reino Unido para importaciones inferiores a 135 GBP. En consecuencia, los proveedores extranjeros que vendan directamente a consumidores británicos deben registrarse a efectos del IVA en el Reino Unido para dichas operaciones. En Irlanda del Norte, se mantiene una desgravación parcial para envíos remotos que no excedan de 15 GBP. Las prestaciones de servicios entre el Reino Unido y la Unión Europea se consideran ahora prestaciones realizadas a un tercer país, y están sujetas al régimen de IVA correspondiente del Reino Unido.
La Ley de Derecho de la UE Conservado (Revocación y Reforma) de 2023 prevé cambios sustanciales en la aplicación del Derecho europeo en el Reino Unido. Para evitar la derogación de normas clave relacionadas con el IVA, la Ley de Finanzas de 2024 ha confirmado la continuidad de la legislación derivada del Derecho de la UE en materias de IVA, impuestos especiales y derechos aduaneros.
Ante la falta de un acuerdo internacional definitivo para abordar los retos fiscales derivados de la digitalización de la economía —en particular, en el marco del enfoque de dos pilares propuesto por la OCDE— el Reino Unido ha implementado de forma provisional un Impuesto sobre los Servicios Digitales. Esta medida transitoria tiene por objeto gravar los ingresos generados por determinadas actividades digitales, en función del valor que dichas empresas obtienen de la participación de los usuarios ubicados en el Reino Unido.
Desde abril de 2020, el DST se aplica con un tipo impositivo del 2 % sobre los ingresos brutos anuales generados en el Reino Unido por empresas digitales cuyas actividades se encuadren dentro de los siguientes ámbitos: Motores de búsqueda en Internet, Plataformas de redes sociales y/o Mercados en línea (online marketplaces).
El impuesto solo se aplica a empresas cuya facturación global anual supere los 500 millones de GBP, y cuyos ingresos atribuibles a usuarios del Reino Unido en relación con las actividades anteriormente descritas excedan los 25 millones de GBP anuales. Están exentas del impuesto aquellas empresas que incurran en pérdidas, y se prevé una reducción efectiva del tipo impositivo para empresas con márgenes de beneficio muy reducidos, a fin de evitar una carga fiscal desproporcionada.
El Gobierno del Reino Unido ha reiterado, más recientemente en la Declaración Presupuestaria de Otoño de 2024, que la aplicación del DST es de carácter temporal y será eliminada una vez que entre en vigor una solución internacional adecuada y consensuada en el marco de la OCDE.
Muchas mercancías importadas al Reino Unido desde fuera de la Unión Europea están sujetas a derechos de aduana. Las tarifas aplicables se determinan conforme al Arancel Aduanero Común de la Unión Europea y pueden variar significativamente según la naturaleza del producto.
Los impuestos especiales se aplican a la mayoría de los productos derivados del petróleo, bebidas alcohólicas y productos del tabaco, ya sea que se produzcan o se importen al Reino Unido. Cabe destacar que la estructura impositiva sobre las bebidas alcohólicas fue objeto de una reforma a partir del 1 de agosto de 2023.
Tras la finalización del período transitorio del Brexit el 31 de diciembre de 2020, las operaciones comerciales entre Gran Bretaña y la Unión Europea se consideran importaciones y exportaciones. En virtud del Protocolo de Irlanda del Norte (PNI), esta región goza de un estatus aduanero diferenciado:
Las mercancías de la UE importadas al Reino Unido a través de Irlanda del Norte se consideran mercancías nacionales, por lo que no están sujetas a derechos de importación. No obstante, se han implementado medidas específicas contra la elusión fiscal para evitar que mercancías transiten a través de Irlanda del Norte con el único fin de evitar los derechos aduaneros del Reino Unido. Las mercancías no pertenecientes a la UE que ingresen al Reino Unido por medio de Irlanda del Norte están sujetas a los derechos establecidos por la normativa aduanera de la UE.
Hay la cuenta de aplazamiento de derechos, que son normas que permiten a los comerciantes establecidos en el Reino Unido utilizar una cuenta de aplazamiento de derechos sin necesidad de contar con una Garantía Global Aduanera, siempre que hayan obtenido una exención por parte de la HMRC.
La contabilidad del IVA aplazado sirve para que los comerciantes registrados a efectos del IVA que no aplacen sus declaraciones de importación —o que no reúnan los requisitos necesarios para ello— podrán seguir utilizando el mecanismo de contabilidad del IVA aplazado si así lo deciden.
A raíz del Brexit, el Reino Unido ha perdido el acceso a la función de informes intracomunitarios del EMCS. No obstante, el sistema sigue en funcionamiento dentro del Reino Unido y se aplica únicamente a movimientos internos bajo suspensión de impuestos, incluidos los traslados entre almacenes y puertos.
Los importadores que deseen transportar mercancías bajo régimen suspensivo deberán estar autorizados como Expedidores Registrados (o contratar a uno), a fin de declarar dichas mercancías en el EMCS desde el puerto de importación. En estos casos, será necesaria una garantía de movimiento de impuestos especiales (cuando proceda) que cubra el trayecto hasta el almacén correspondiente.
A partir del 1 de enero de 2021, los comerciantes que utilicen el Convenio de Tránsito Común para operaciones de importación o exportación deberán cumplir con todos los procedimientos de tránsito establecidos por la normativa vigente.
El gobierno del Reino Unido introdujo, con efectos desde abril de 2018, una legislación destinada a incentivar la reformulación de bebidas con alto contenido de azúcares añadidos, mediante la aplicación de un gravamen unitario a los productores e importadores nacionales de dichas bebidas.
El impuesto se aplica de la siguiente manera:
Se contempla una exención para los pequeños productores.
a) Terrenos y edificios no residenciales o mixtos
Sujetos al Stamp Duty Land Tax (SDLT) con tipos progresivos de hasta el 5%, aplicable a la parte que exceda 250.000 GBP.
b) Viviendas
c) Arrendamientos comerciales
d) Arrendamientos residenciales
En este caso es un impuesto que se aplica a propiedades residenciales ubicadas en el Reino Unido cuyo valor exceda las 500.000 libras esterlinas, cuando dichas propiedades están en manos de entidades no naturales, como sociedades, fondos u otras estructuras jurídicas.
Desde el 1 de abril de 2023, la base imponible se determina según la fecha de adquisición:
A partir de abril de 2025, el impuesto mínimo es de 4.450 libras anuales para propiedades valoradas en 500.000 libras, mientras que el máximo alcanza las 292.350 libras anuales para propiedades de 20 millones de libras o más.
Existen exenciones y desgravaciones aplicables. Entre las más relevantes se incluyen los casos en que la propiedad:
En cuanto a las plusvalías, el régimen específico de las ganancias asociadas (gravadas al 28%) fue eliminado desde el 6 de abril de 2019. Desde entonces, dichas ganancias están sujetas al régimen general de ganancias de capital sobre propiedades inmuebles del Reino Unido para no residentes, que abarca todas las disposiciones de bienes raíces, sin importar la naturaleza del propietario.
En el Reino Unido, no existen impuestos específicos sobre la nómina que deban ser abonados directamente por el empleador, más allá de las cotizaciones a la Seguridad Social, que se detallan en otra sección.
Sin embargo, los empleadores sí tienen una serie de obligaciones fiscales relacionadas con la gestión de las remuneraciones. La más destacada es la aplicación del sistema Pay As You Earn, a través del cual deben retener en origen el impuesto sobre la renta correspondiente a sus empleados y transferirlo directamente a la Administración Tributaria (HMRC).
Además del PAYE, los empleadores también pueden estar obligados a efectuar otras deducciones del salario, como aquellas derivadas de órdenes judiciales, embargos o disposiciones legales específicas.
En conjunto, aunque la carga tributaria directa sobre la nómina sea limitada, el empleador asume un papel central en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales asociadas al pago de salarios.
Los empleadores en el Reino Unido están obligados a realizar cotizaciones a la Seguridad Social (National Insurance Contributions o NICs) en función de los ingresos de cada empleado. Para el ejercicio fiscal que finaliza el 5 de abril de 2025, el tipo aplicable es del 13,8% sobre todas las retribuciones semanales que excedan las 175 GBP.
Los empleadores deben aportar un 0,5% de su masa salarial anual que exceda las 3 millones de libras esterlinas, con el objetivo de financiar un fondo destinado a respaldar los programas de formación de aprendices.
Todos los planes de pensiones de beneficios definidos realizan un aporte que se calcula según las responsabilidades del fondo y el riesgo financiero de la empresa empleadora. Este aporte se destina a financiar un fondo de respaldo para los pensionados y trabajadores afiliados a planes que no pueden cumplirse.
El impuesto bancario es un gravamen anual que se aplica sobre ciertos pasivos de la mayoría de los bancos y sociedades de crédito hipotecario con sede en el Reino Unido. Desde el 1 de enero de 2021, este impuesto se calcula de la siguiente manera:
Este impuesto no afecta a los primeros 20 000 millones de libras esterlinas de pasivos gravables y no puede ser deducido en el impuesto sobre sociedades. Además, desde 2021, las sucursales y filiales en el extranjero de empresas británicas están exentas de este gravamen.
Por otra parte, los beneficios bancarios también están sujetos a un impuesto complementario del 3 % sobre las ganancias que superen los 100 millones de libras esterlinas, aplicable a los ejercicios contables que comiencen a partir del 1 de abril de 2023. Antes de esta fecha, este recargo era del 8 % para beneficios superiores a 25 millones de libras esterlinas. Las compañías cuyo ejercicio fiscal finalice el 1 de abril de 2023 deberán ajustar sus beneficios para calcular correctamente este impuesto.
El Impuesto sobre las Primas de Seguros, con una tasa estándar del 12 %, se aplica a las primas de la mayoría de los seguros generales, como los de edificios, contenido y automóviles, siempre que el riesgo asegurado se encuentre en el Reino Unido. Los seguros de vida y otros seguros a largo plazo están exentos, aunque existen regulaciones especiales contra el fraude en pólizas de asistencia médica a largo plazo.
Como parte de estas medidas, se aplica una tasa más alta del 20 % a ciertos seguros ofrecidos por proveedores específicos, como los seguros de averías mecánicas, seguros de viaje (sin importar el proveedor), seguros vendidos junto con servicios de televisión o alquiler de vehículos, y seguros de protección de activos garantizados no financieros vendidos a través de concesionarios o asociados del sector automotriz.
Además, existen normas para evitar abusos relacionados con las comisiones de administración u otros cargos vinculados a los contratos de seguro, especialmente cuando estos se gestionan a través de corredores o intermediarios en contratos separados.
Todas las personas que viajan por avión desde el Reino Unido deben pagar un impuesto aeroportuario, que generalmente está incluido en el costo del pasaje. En el caso de viajes de negocios, este impuesto suele ser asumido por los empleadores.
Además, existen tarifas más elevadas para determinados vuelos en aviones ejecutivos.
En el Reino Unido existen varios impuestos destinados a proteger el medio ambiente, entre los que destacan:
Este impuesto grava la eliminación de residuos en vertederos. A partir del 1 de abril de 2025, la tasa general aumentará de 103,70 GBP a 126,15 GBP por tonelada. Para residuos inertes, la tasa se incrementará de 3,30 GBP a 4,05 GBP por tonelada.
Este impuesto se aplica a la energía consumida en el país, incluyendo electricidad, gas y carbón, con tasas que varían según el tipo de combustible. Existen exenciones y tarifas reducidas para usuarios domésticos, organizaciones benéficas, energías renovables y sectores con alto consumo que implementan medidas de eficiencia y reducción de emisiones.
Grava la extracción o importación de materiales como arena, grava y roca triturada con fines comerciales. La tasa actual es de 2,03 GBP por tonelada, que aumentará a 2,08 GBP por tonelada desde el 1 de abril de 2025. Además, se está considerando que este impuesto pase a gestionarse desde Escocia a partir de abril de 2026.
Este programa obligatorio está dirigido a grandes empresas, incentivándolas a mejorar su eficiencia energética a través de motivaciones financieras, reputacionales y de comportamiento.
Desde el 1 de abril de 2022, se aplica un impuesto a la producción e importación de envases plásticos que contienen menos del 30 % de material reciclado. La tarifa fue de 210,82 GBP por tonelada en 2023 y está programada para aumentar a 217,85 GBP en 2024 y a 223,69 GBP en 2025.
Los impuestos municipales en el Reino Unido no se calculan sobre los ingresos, sino que se aplican a los ocupantes de propiedades comerciales, basándose en un valor estimado del alquiler anual de cada inmueble. Estos impuestos, conocidos como tasas comerciales, son gestionados por las autoridades locales, no por el gobierno central.
Las cantidades pagadas por estas tasas pueden deducirse del impuesto sobre sociedades, siempre que se cumplan los requisitos habituales para su deducción.
Es un impuesto vigente desde el 6 de abril de 2019, grava los ingresos generados en el Reino Unido por bienes intangibles cuando el beneficiario es una persona no residente en el país. Sin embargo, se ha aprobado una ley para eliminar este impuesto a partir del 31 de diciembre de 2024.
Este impuesto aplica una tasa del 20 % sobre los ingresos brutos y el capital derivados del uso o ejercicio de derechos sobre bienes intangibles —como licencias— que faciliten o impulsen ventas dentro del Reino Unido, siempre que:
Las exenciones principales que se incluyen son :
Además, el régimen contempla mecanismos para evitar la doble tributación cuando los bienes intangibles se licencian dentro de grupos empresariales y normas especiales para sociedades colectivas receptoras de estos ingresos.
En noviembre de 2023, el gobierno anunció la eliminación del impuesto a partir del 31 de diciembre de 2024. Esta medida, incluida en la Ley de Finanzas de 2025, se implementa junto con la introducción del régimen de la Regla de Pago de Tributación para Empresas, que busca combatir de manera más efectiva la planificación fiscal internacional agresiva.
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